La política sobre temas medioambientales que lleve a cabo Estados Unidos es siempre de vital importancia para todo el mundo. Es un país con una gran industria y, por tanto, un país que contamina, pero, al mismo tiempo, cuenta con importantes recursos naturales, extensos bosques, lagos, ríos y una gran variedad de ecosistemas. Por eso, el paso dado por el Gobierno presidido por Barak Obama es de vital importancia. A partir de ahora, será la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) la que establecerá los límites a la emisión de dióxido de carbono de fábricas, centrales energéticas y refinerías de petróleo.
Esta decisión lleva implícita una idea que, en un país decididamente neoliberal como es Estados Unidos, es mucho más trascendental de lo que pueda parecer a primera vista: el control de la contaminación será responsabilidad de un organismo público en vez de empresas privadas.
Este mandato de la EPA comenzará en enero y tendrá autoridad suficiente para regular las emisiones en los estados de Arizona, Arkansas, Florida, Idaho, Kansas, Oregón y Wyoming. También desacreditará parte de la Ley de Aire Limpio de Texas. Esta nueva política obligará a las plantas energéticas y refinerías a obtener los permisos federales necesarios para reducir sus emisiones. En total, estas instalaciones son las causantes del 40% de las emisiones de todo el país.
Como no podía ser de otra forma, el Partido Republicano se ha posicionado en contra. Argumentan que la nueva ley está en contra de las empresas y de la creación de empleo. Para los Demócratas, en cambio, esta norma abre el camino para un futuro de energías limpias en todo el país. Por una parte, se aplicarán estándares de control de la contaminación a algunas de las empresas que más contaminan, mientras que, por otro lado, se fomenta la inversión en tecnologías de energía limpia.
Los grupos ecologistas también elogian la medida. Para ellos, la EPA está haciendo lo necesario para proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos.