Las fuentes de energía que más contaminan son las que menos impuestos pagan. Lo dice la Unión Europea, que parece dispuesta a cambiar la situación. La Comisión Europea ha presentado una propuesta de revisión de las normas obsoletas sobre la fiscalidad de los productos energéticos en la Unión Europea. Según el organismo europeo, en la actualidad, las fuentes de energía más contaminantes son, paradójicamente, las que menos impuestos pagan. La Comisión Europea, por tanto, propone una tasa sobre el dióxido de carbono en sectores que, hasta ahora, se encontraban fuera de su ámbito de aplicación, como los transportes, los hogares, la agricultura y las pequeñas industrias.
La nueva normativa quiere dividir los impuestos en dos partes que, sumadas, determinarían el tipo global de imposición de los productos. El objetivo es claro: fomentar la eficiencia energética y el consumo de productos respetuosos con el medio ambiente, así como prevenir distorsiones de la competencia en el mercado único europeo. Esta propuesta, según la Comisión, incentivará a los Estados para que se replanteen sus regímenes fiscales generales de forma que contribuyan al crecimiento y al empleo mediante el paso de la fiscalidad del trabajo a la fiscalidad del consumo.
Si se cumplen los plazos, la nueva Directiva revisada entraría en vigor en el año 2013, aunque dejarían un amplio margen de adaptación (¿tiene el planeta tanto margen?) y la transición total al nuevo modelo no se completaría hasta 2023.
Según el comisario de la Unión Europea, Algirdas Šemeta, responsable de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude, la nueva propuesta establece una señal de precios para que tanto consumidores como empresas controlen sus emisiones de CO2. Así mismo, ha señalado que es una oportunidad para transferir la carga fiscal del trabajo al consumo que es un modo de fomentar el crecimiento económico.
La actual Directiva de fiscalidad de la energía fija unos tipos mínimos de tributación de la electricidad y de los productos energéticos usados como combustible de automoción y de calefacción, pero, según la Comisión, se necesita cambiar esta fiscalidad si se quieren alcanzar los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático. En otras palabras, para reducir drásticamente las emisiones de CO2.
Las dos partes en las que se dividiría el impuesto serían, por un lado, una basada en las emisiones de CO2 del producto energético, que se fijaría en 20 euros por tonelada de CO2 emitida, y, por otro lado, otra basada en el contenido energético, es decir, en la energía real que genere el producto medida en gigajulios (GJ). El tipo mínimo de impuesto se fijaría en 9,6 euros/GJ en el caso de los combustibles de automoción y en 0,15 euros/GJ en el de los combustibles de calefacción. Esto se aplicaría a todos los combustibles usados en el transporte y la calefacción.
Los biocombustibles pagan muchos impuestos
La Comisión ha señalado que tiene en cuenta la la dimensión social de este nuevo impuesto y puede dejar la posibilidad de que cada Estado miembro eximan del pago por energía consumida en los hogares para calefacción, independientemente del producto energético usado. En la práctica, esto implica que el gas natural se podría librar del nuevo impuesto.
El objetivo, pues, es favorecer las fuentes de energía renovables y estimular el consumo de las fuentes de energía que emiten menos CO2. En la actualidad, los biocombustibles son unas de las fuentes de energía por las que se pagan más impuestos, pese al compromiso de la UE de incrementar el porcentaje de la energía procedentes de renovables en el transporte.
En el caso de España, la caída del precio del petróleo y la exigencia por parte de la Unión Europea para que equipare la fiscalidad de los hidrocarburos al resto de países, hacen pensar que el Gobierno pueda aumentar definitivamente el precio de la gasolina.