Nicaragua pierde masa forestal y se queda sin agua

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El cambio climático afectará particularmente a las poblaciones menos favorecidas. Las sequías y las lluvias torrenciales serán terribles para millones de personas que ya vivien al borde del desastre. Se calcula que 800 millones de personas viven en el mundo sin acceso a agua potable, mientras que un 40% de la población total del planeta no cuenta con sistemas básicos de saneamiento. Los primeros derechos que se deben garantizar a cualquier persona son el derecho a la vida, al acceso a agua potable y a una alimentación sana y suficiente. Esos derechos quedarán dañados si el cambio climático sigue su curso.

Un proyecto español de cooperación trata de desarrollar una gestión sostenible de los recursos hídricos en algunas comunidades rurales de Nicaragua. Se trata que el derecho al agua sea una realidad, no una reivindicación. La experiencia va a ser plasmada en un libro, que servirá de base para que otras ONG lleven a cabo proyectos similares.

En muchos lugares del mundo, la conjunción de la degradación ambiental y el cambio climático tienen un claro efecto sobre la disponibilidad de agua. Nicaragua es una de esas zonas, pues se está recalentando más que otras. Según el Ministerio del Ambiente del país centroamericano, la temperatura media podría subir 5º C en 2050. Esto supone una aceleración en los procesos de erosión del suelo y unas 70.000 hectáreas de menos de bosque cada año, lo que significa menos secuestro de carbono (y un agravamiento del cambio climático), pero también que los ecosistemas naturales pierdan su capacidad para generar agua.

El agua es esencial para el desarrollo. Sin agua no hay salud ni educación, pues se tienen que recorrer kilómetros para conseguir agua para casa. El medio ambiente no puede estar separado de los derechos humanos más básicos.

La asociación Ongawa va a colaborar con la Fundación Biodiversidad desarrollando lo que denominan Comités de Agua Potable, responsables de la gestión de los recursos hídricos en las zonas rurales para integrar la sostenibilidad en esa gestión, que el derecho humano al agua sea real. Se trata de obtener y canalizar agua potable y, también, desarrollar sistemas autónomos de saneamiento de las aguas residuales. Todo realizado de una forma sostenible.

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