El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto por el que se crea una zona de reserva que se denominará Almacén 3, situada en la provincia de Palencia, para la investigación y eventual explotación de estructuras que puedan albergar almacenamientos subterráneos de dióxido de carbono (CO2).
Además, el Consejo de Ministros ha autorizado la formación de un consorcio para el estudio de esta zona, llamada oficialmente «Estado Español-Palencia 3, investigación, desarrollo y explotación, S. L.», compuesto por dos entidades dependientes de la Junta de Castilla y León, Enagás, Iberdrola, Gas Natural, la Fundación Estudio Petrofísico y el Estado español, representado por la Dirección General de Política Energética y Minas. El objetivo del proyecto es evaluar la explotación de estructuras susceptibles de albergar almacenamientos subterráneos de dióxido de carbono.
Según la ley, las labores de investigación de una reserva provisional podrán ser explotadas por el Estado, por concurso público entre empresas o por un consorcio entre empresas y Estado. En el caso que nos ocupa, se ha optado por esta última opción. El porcentaje total que tiene el Estado en el consorcio es del 10%, mientras que el 90% restante corresponde a la empresa «Palencia 3, investigación, desarrollo y explotación, S. L.», que será la encargada de realizar la investigación. En todo caso, los trabajos de investigación que se realicen en virtud de este permiso necesitarán de las correspondientes autorizaciones ambientales por parte del Gobierno previstas en la legislación vigente.
Muchos grupos ecologistas, entre otros, Greenpeace, han criticado en numerosas ocasiones este método, ya que consideran que es una forma de aplazar el problema, pero no de resolverlo. Para los ecologistas, es algo parecido a crear un almacén de residuos nucleares. Es esconder gases contaminantes que, algún día, pueden volver a salir a la atmósfera. No es una buena idea, en definitiva, si se piensa en las generaciones futuras.