El problema del sistema internacional de compensación de carbono es que los países ricos pueden pagar por seguir contaminando. En teoría, tratarán de contaminar menos, esto es, pagar menos. Pero no dejan de contaminar. El dinero todo lo puede.
Dentro del actual esquema de reparto de emisiones de dióxido de carbono, la Comisión Europea acaba de publicar una nueva norma. Ésta determina el mecanismo para solicitar la asignación gratuita. Acogiéndose a este sistema, se calcula que sólo la industria española va a solicitar unos 10.000 euros en derechos para el 2013. Se paga por contaminar.
Con la nueva resolución se recogen los planes de reparto hasta 2020. El proceso, no obstante, es complicado, ya que lo que se ha intentado es unificar las normas para todos los países miembro de la Unión Europea. Algunos sectores económicos ya han criticado la medida. En definitiva, el plazo para presentar la solicitud para la asignación gratuita de derechos de emisión finaliza el próximo 18 de julio de 2011.
La Comisión Europea ha diseñado y puesto al alcance de cualquier empresa que los necesite unos formularios para las correspondientes peticiones, que se deben acompañar de un informe metodológico y la presentación de documentos que deben estar comprobados por un verificador acreditado. El sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea habilita a instalaciones participantes de treinta países, como fábricas o centrales eléctricas, a recibir derechos de emisión gratuitos correspondientes a la emisión de cierta cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), al igual que venderlos o comprarlos, según sus necesidades. En otras palabras, se les permite contaminar siempre que sigan una serie de criterios.
Por su parte, la Comisión Nacional de Energía de España (CNE) ha presentado un documento que recoge una algunas recomendaciones, como la propuesta para que el sobrecoste de las energías renovables se financie a través de los ingresos generados con las subastas de derechos de emisión de CO2 a partir de 2013. Que las energías limpias las paguen quienes contaminan y no los ciudadanos.