En Bangkok se han reunido los máximos responsables de Naciones Unidas para preparar la Cumbre de Durban sobre cambio climático. A ellos se dirige una carta firmada por más de cien redes nacionales e internacionales de la sociedad civil que representan a millones de ciudadanos de todo el mundo, un documento que se ha entregado a la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (UNFCCC), Christiana Figueres, y, en el caso español, también a la Directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Alicia Montalvo, y que rechaza cualquier intervención del Banco Mundial en la financiación de la lucha contra el cambio climático.
Para las organizaciones firmantes de la carta, proporcionar fondos para luchar contra el cambio climático es un deber legal recogida en la Convención Marco de las Naciones Unidas. Todos los países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, lo acordaron. Por otra parte, es una obligación moral ante la deuda climática de los países más industrializados con el resto del mundo, una deuda que adquirieron por quemar combustibles fósiles, abusar en exceso de su espacio atmosférico y por provocar el cambio climático, que ha traído consecuencias como la falta de agua y alimentación y más de 300.000 muertes al año. Por tanto, el dinero para ayudar a paliar esta situación de injusticia debe proceder de fuentes públicas, nuevas y adicionales a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, ha manifestado que existe un riesgo real de que los países enriquecidos intenten eludir sus responsabilidades, tanto históricas como actuales, mercantilizando de manera antropocéntrica la naturaleza a través de los mercados financieros. Además, para la citada organización, es preocupante que los países ricos quieran alcanzar más de una tercera parte de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono mediante compensaciones basadas en mecanismos de mercado.
Es inaceptable que los países enriquecidos pretendan incluir la compensación como fuente de financiación para el pago de su deuda con los países empobrecidos. En otras palabras, este mecanismo debería considerarse como algo extra al financiamiento de los fondos para la lucha al cambio climático.
Así mismo, la deuda climática que los países industrializados tienen con los pueblos y países del sur debe ser administrada por una institución democrática, responsable, transparente y regida por un consejo con una mayoría procedente de esos mismos países del sur. En definitiva, el Banco Mundial no es la institución más adecuada para llevar a cabo esta tarea.