Los australianos en contra del impuesto sobre el carbón


La primera ministra de Australia, Julia Gillard, quiere crear un impuesto sobre el carbón. Una de las razones es captar dinero para reparar los daños causados por las inundaciones de hace unos meses. Aunque, también, penalizar una fuente de energía sucia. Sin embargo, los ciudadanos australianos no parecen estar muy conformes. La popularidad de la primera ministra australiana ha caído en picado.

El problema que perciben los ciudadanos es que el sistema es una cadena. El Impuesto al Carbón (carbón Tax) significa aumentar los impuestos a las empresas que utilizan carbón como energía de producción, que se traducirá en un aumento de precios y, en definitiva, será la gente de a pie la que pague, finalmente, este impuesto.

El argumento del gobierno es que con este impuesto se forzará a las empresas que contaminan el medio ambiente a mejorar sus técnicas para reducir las emisiones y mitigar los efectos del cambio climático. Pero nadie cree que sea ésta la verdadera razón. Los que critican el impuesto, por ejemplo, argumentan (no sin parte de razón) que esta medida tendría que ser tomada por todos los países y no por Australia de forma unilateral. Además, Gillard había prometido que su gobierno no crearía un impuesto sobre el carbón: “No habrá impuesto sobre el carbón bajo el gobierno que dirijo”, declaró.

En Australia existe un comité para el cambio climático que estableció un marco para fijar los precios del carbón. El gobierno fija un precio fijo por tonelada para un período de tres a cinco años a partir de julio de 2012, a lo que se sumaría un régimen de comercio de emisiones.

Tony Abbott, líder de la oposición conservadora y escéptico del cambio climático, ha calificado a Gillard de mentirosa. Se ha comprometido a luchar contra este impuesto con toda su energía. Afirma que todo, desde la gasolina a los alimentos, aumentarán de precio con el impuesto. Su campaña se dirige a las familias trabajadoras y parece estar ganando terreno: la gente está más preocupada por su bolsillo que por el medio ambiente. Aunque no les falta parte de razón si, al final, son las familias con menos recursos las que tienen que pagar la contaminación que producen las empresas.

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