España es el país con más coches oficiales del mundo: 22.500 vehículos contaminantes, según los datos de la Intervención General del Estado, más una cantidad incontrolada de vehículos en empresas públicas y organismos de titularidad pública. El coste de la flota de vehículos oficiales supera los 1.200 millones de euros al año. (Todos recordamos las imágenes de la actual alcaldesa de Madrid yendo en dos enormes coches oficiales a la peluquería. Es un caso paradigmático, pero no es el único.)
Todos estos coches, no sólo son una contradicción ante los ciudadanos a los que se le piden sacrificios, no son sólo una pérdida económica para el estado, las autonomías y los ayuntamientos, no sólo es un despilfarro de dinero público en tiempos en los que se repite hasta la saciedad que hay que ahorrar. Además, todos estos coches contribuyen a la contaminación y al cambio climático.
Los vehículos oficiales en España generan unas 9,2 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año. Para moverlos, además, se ha gastado en combustible unos 58 millones de euros.
El actual gobernador de California, Jerry Brown (que sucedió al famoso actor Arnold Schwarzenegger) ha reducido la flota en 7.112 vehículos, cerca del 14 % estatal y un 20 % menos de lo que se usaba en el anterior Gobierno. Con el recorte, se han ahorrado 16 millones anuales entre combustible, seguros y otros gastos habituales.
De esos 16 millones aproximadamente ahorrados, 12,6 pertenecían a 4.204 vehículos que se usaban como transporte oficial, mientras que los tres restantes eran de 3.000 vehículos que algunos funcionarios usaban como propios.
Mientras, en España, mientras se recorta en lo básico, en Educación, en Sanidad, en Cultura, y se sigue gastando en lo innecesario, miles de coches para los miles de cargos de la administración pública. Miles de coches que suponen millones de euros y toneladas de contaminación. Es un atentado contra el medio ambiente. Pero, sobre todo, es una tomadura de pelo.