La gestión de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) avanza en España, aunque lentamente. Una de cada cuatro empresa españolas (25,64%) tiene en cuenta el precio del CO2 a la hora de fijar el valor de su producto, más del doble que hace un año, cuando el porcentaje se situaba en el 11,84%. Los datos provienen del informe Los mercados de carbono en España en 2011 que ha sido elaborado por la firma especializada Factor CO2.
El estudio muestra que los sectores industriales (excepto la generación eléctrica) siguen sin externalizar el precio del CO2 en sus productos. Sí se han producido algunos avances en actividades como la cogeneración (donde el 23,53% de las empresas repercute el precio de los derechos de emisión, frente al 13,04% de 2010) o la cerámica (un 20%, doce puntos porcentuales más). En cambio, sectores como la cal, el cemento o la pasta y el papel han sufrido un claro retroceso.
El 80% de las industrias españolas considera que la regulación del CO2 está teniendo impactos económicos en la gestión empresarial. Aumenta, también, el porcentaje de compañías que opina que el mercado europeo de derechos de emisión ha tenido consecuencias en su empresa (87,36% frente al 82,5% de 2010). El informe destaca, además, que más de la mitad de los empresarios afirma conocer en detalle la regulación en vigor hasta 2020.
Los datos confirman que España es el tercer país de la Unión Europea más activo en el uso de créditos de carbono procedentes de proyectos de reducción de emisiones (CER). Este mercado de derechos regula las emisiones de cerca de 11.000 instalaciones, que representan el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La industria sujeta al comercio de derechos de emisión emitió 121,5 millones de toneladas de CO2 en España en 2010, un 11% menos que en 2009, aunque fue como consecuencia del frenazo en el sector industrial provocado por la crisis. En todo caso, sólo Noruega y Lituania tuvieron tanta actividad en el comercio de emisiones de carbono.
En 2011, ha habido dos periodos, según Factor CO2: los primeros meses del año se produjo un alza de precios provocada por un contexto de recuperación industrial, el giro de la política nuclear alemana y las posibles restricciones previstas para el periodo 2013-2020. Pero, a partir de marzo, la situación cambió por el accidente de la central de Fukushima (Japón), la crisis de la deuda, el peligro de una nueva recesión mundial y la subasta anticipada de derechos de emisión. Así, se pasó de los 17 euros de marzo y los 7 euros de principios de diciembre.