La financiación de proyectos para luchar contra el cambio climático superará los 50.000 millones de dólares en los próximos cinco años. En el caso de España, se podría llegar hasta los 5.000 millones. Pero son las empresas, y no los gobiernos, las que liderarán la lucha contra el calentamiento del planeta, según informe publicado por Ernst & Young. La crisis económica como excusa, una vez más.
El informe señala un par de puntos importantes. En primer lugar, que va a aumentar la diferencia entre las necesidades de financiación y el presupuesto de los Gobiernos para mitigar el cambio climático. En segundo lugar, el sector empresarial va a participar cada vez más en el proceso, quizá porque saben que así pueden reducir pérdidas.
Ahora bien, en cada país se produce un escenario distinto. Por ejemplo, España, Reino Unido, Italia reducirán la financiación a proyectos que luchen contra el cambio climático. En el caso concreto de España, por ejemplo, se prevé una reducción de 4.100 millones de dólares en 2012 (un 0,73% menos que al año anterior). En el Reino Unido, se reducirá unos 5.000 millones (un 0,41% menos) y en el caso de Italia, 3.000 millones (0,31% menos). Alemania, en cambio, sí podría aumentar este gasto mediante una política fiscal que busca activar la economía en el largo plazo.
España financiará a las eléctricas
En el caso de España, además, el 90% de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) a partir de 2013 se dedicará a financiar el sistema eléctrico, mientras que el 10% restante se destinará a la lucha contra el cambio climático. Una política, frente a la alemana, que piensa en el corto plazo y en maquillar los problemas del cada vez más criticado sistema energético del país. En el largo plazo, esta política se pagará cara.
Por otra parte, la venta de derechos de emisiones de CO2 por parte de la industria española ha disminuido por tercer año consecutivo, debido principalmente a la incidencia de la crisis. Menos actividad económica, menos emisiones. En todo caso, es el tercer país europeo más activo en el uso de créditos de carbono, sólo por detrás de Noruega y Lituania. Lo que significa, en cierta medida, que las empresas prefieren pagar por contaminar, compensando las emisiones, en vez de llevar a cabo políticas que traten de reducir esas emisiones.