Estados Unidos prepara una ley para controlar las emisiones de mercurio


El 16 de marzo de 2011, la EPA (la agencia para el medio ambiente de Estados Unidos) anunció un proyecto de normativa para controlar el mercurio y otras emisiones procedentes de centrales térmicas. La regulación definitiva se espera para dentro de un año.

La EPA estima que 525 centrales térmicas con 1.200 unidades de carbón y 150 unidades de fuel se verán afectadas por esta norma. Además del mercurio, la norma propuesta regularía las emisiones de partículas, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, gases ácidos, incluyendo el cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno; así como metales pesados, como el arsénico, cadmio, cromo, plomo y níquel.

Las centrales térmicas en Estados Unidos son responsables del 50% de las emisiones de mercurio del país. Entre todas, los grupos de carbón contribuyen en un 99% de las emisiones. En la actualidad, aproximadamente el 44% de las centrales térmicas de carbón carecen de equipos avanzados de control de la contaminación. Las reducciones esperadas, en las emisiones de mercurio, para el año 2015 son de 23 toneladas en el sector de la energía (una reducción del 79% en relación con la situación actual).

El costo estimado anual, para todas las centrales, que supone el cumplimiento de las medias de reducción de emisiones, para todos los contaminantes, es de casi 11.000 millones de dólares. Las medidas para reducir las emisiones de mercurio representan aproximadamente el 18% del coste total, es decir, casi 2.000 millones de dólares. Al menos el 12% de las instalaciones existentes no tendrán que instalar controles específicos para el mercurio, ya que, o ya tienen esos controles, o bien ya cumplen los límites de emisión de mercurio mediante el control de los otros contaminantes. Se espera que muchas otras plantas cumplan los límites de mercurio al adoptar nuevas medidas de reducción de emisiones para otros contaminantes, como filtros de mangas.

La justificación de la EPA para una normativa así es que garantizar que garantizar la salud pública y los beneficios económicos son muy superiores a los costes de su aplicación.

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