Quizá el Gobierno de España sea tan ingenuo que piensa que el cambio climático no va a afectar al país. Aunque, a estas alturas, parece más probable que Rajoy y su equipo sean incapaces de enfrentarse a un problema que les viene muy grande. Así que lo ignoran. Pero, como se suele decir, el primer paso para resolver un problema es reconocerlo.
El cambio climático afecta desde hace años a las costas del Estado español (en realidad, afecta a las costas de todo el mundo). El consabido aumento del nivel del mar también se produce en la Península Ibérica, como ha señalado hace poco la propia Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Sin embargo, el Gobierno de España ha ignorado estos datos (y muchos otros) en la reciente modificación de la Ley de Costas.
La irresponsabilidad del Gobierno podría provocar, no sólo negativos efectos ambientales, sino también sociales. La nueva ley es, por tanto, un peligro.
La influencia del cambio climático se percibe en toda Europa. Los efectos más conocidos son conocidos por todos: la acidificación de los océanos, el aumento de la temperatura superficial del mar y el aumento del nivel del mar, con una subida anual media de 1,7 milímetros en el último siglo y de 3 milímetros al año en las dos últimas décadas. Las proyecciones no son optimistas: prevén mayores aumentos y, por tanto, el riesgo será aún mayor. Sobre todo, el riesgo de inundaciones.
Ante esta situación, el Gobierno español quiere aprobar una modificación de la Ley de Costas que reduce la servidumbre de protección de 100 a 20 metros en la rías, precisamente cuando las rías son consideradas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) como los lugares con más riesgo de ser transformados y ocupados por el mar. La Ley de Costas pondrá en peligro a personas.
Jugar con la vida de las personas
En la práctica, la modificación de la ley supone la desprotección de tramos de litoral, pues reduce la franja que protege de las rías y declara como suelo urbanizable zonas del frente costero.
El problema aquí es que el Estado no se enfrenta a la responsabilidad ante los efectos del cambio climático, ya que gran parte del litoral pasará a manos privadas. ¿Qué pensaríamos si el Estado (o una empresa privada) permite construir en un terreno que tiene riesgo de derrumbe porque el suelo no es seguro? Construir cerca de la costa no es seguro y el Gobierno de España lo va a permitir.