Miles de personas se han manifestado en la capital de Australia, Canberra, contra la polémica tasa a las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Según cálculos del Gobierno de Australia, esta tasa podría reducir en 160 millones de toneladas de CO2 la emisión del gas contaminante de aquí a 2020.
La impopular medida es la base de la política sobre medio ambiente de la primera ministra de Australia, Julia Gillard. El año pasado, durante la campaña electoral, descartó su aprobación, pero desde los últimos meses estaba realizando una campaña para concienciar a la población. Una campaña que parece que no está cumpliendo con sus objetivos, a tenor de las protestas que los ciudadanos australianos. Por su parte, la oposición política, los conservadores, reclaman nuevas elecciones.
Aunque el impuesto está dirigido a las empresas contaminantes, el ciudadano australiano cree que finalmente le repercutirá a él: subirán los gastos en las facturas del hogar y encarecerá muchos bienes y servicios, además de destruir empleo. Nunca antes el cambio climático había desatado una discusión tan acalorada en Australia. Al menos esto ya es una noticia alentadora.
La manifestación se desarrolló de forma ordenada y sin incidentes. En algunos carteles tachaban a la primera ministra, Julia Gillard, como mentirosa, en referencia al incumplimiento de su promesa electoral. Los manifestantes señalaron que se cumplía un año desde la promesa de la señora Gillard. El impuesto pretende penalizar a las quinientas empresas más contaminantes del país.
Julia Gillard no ganó las elecciones con la mayoría absoluta y tuvo que pactar con los Verdes de Australia. Los conservadores, claro, se han comprometido a retirar este impuesto si ganan las próximas elecciones, argumentando que sólo tendrá un pequeño impacto en el total de las emisiones globales. La valoración de Gillard es cada vez más baja en las encuestas.
La próxima semana seguirán las protestas. Esta vez serán los camiones los que impedirán el paso por las carreteras. Hasta el 1 de julio de 2012 no entraría en vigor la normativa, que grava un impuesto de 23 dólares australianos (unos 17 euros) por cada tonelada de dióxido de carbono emitido.