España es el país con más coches oficiales del mundo: 22.500 vehículos contaminantes, según los datos de la Intervención General del Estado, más una cantidad incontrolada de vehículos en empresas públicas y organismos de titularidad pública. El coste de la flota de vehículos oficiales supera los 1.200 millones de euros al año. (Todos recordamos las imágenes de la actual alcaldesa de Madrid yendo en dos enormes coches oficiales a la peluquería. Es un caso paradigmático, pero no es el único.)
Todos estos coches, no sólo son una contradicción ante los ciudadanos a los que se le piden sacrificios, no son sólo una pérdida económica para el estado, las autonomías y los ayuntamientos, no sólo es un despilfarro de dinero público en tiempos en los que se repite hasta la saciedad que hay que ahorrar. Además, todos estos coches contribuyen a la contaminación y al cambio climático.
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