China va a su aire. Como acostumbra. El propio Gobierno ha ordenado a sus aerolíneas que no paguen por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de sus aviones, como exige la Unión Europea desde el 1 de enero de 2012. Es, más allá de la cuestión ambiental, un pulso político y de poder.
Según la normativa europea, todas las compañías aéreas con vuelos que aterricen o despeguen en Europa deben compensar económicamente sus emisiones de dióxido de carbono. De momento, la Unión Europea espera a saber la decisión del Gobierno de China si es una orden o una recomendación.
En todo caso, se trata de una legislación europea, es decir, que tiene que ser cumplida por todos los que quieran hacer negocios en Europa. El Tribunal de Justicia de la UE la considera ajustada a derecho internacional y no infractora de la soberanía de terceros países. ¿Se priorizará el respeto por el medio ambiente ante el beneficio económico? Sería un sorprendente y esperanzador precedente.
La prohibición del Gobierno chino se refiere al Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS, por sus siglas en inglés), que obliga a las aerolíneas a pagar, a partir de 2012, por cada tonelada de CO2 que emitan en rutas con origen o destino en la Unión Europea. El objetivo es luchar contra la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.
El Gobierno de Pekín ha señalado en varias ocasiones que se opone a la medida con el argumento de que, en realidad, es una barrera comercial y no busca la protección medioambiental. La Comisión Europea defiende que el coste es totalmente asumible por las compañías aéreas sin necesidad de aumentar el precio de los billetes.