La organización Transparencia Internacional analiza cada año la corrupción de los diferentes países del mundo. Y una buena parte afecta a los mecanismos y métodos para combatir el cambio climático. Este fenómeno global requiere grandes cantidades de dinero por parte de empresas e instituciones. Y, cuando hay mucho dinero de por medio, ya se sabe.
Transparencia Internacional calcula que harán falta hasta 100.000 millones de dólares anuales en 2012 para combatir el cambio climático en todo el mundo y unos 700.000 millones en 2020. Para esta organización es esencial luchar contra los posibles fraudes y, en general, la corrupción que pueda existir en el sistema. Para ello, es esencial elegir bien las organizaciones y países que lo vayan a administrar.
En el trabajo, elaborado por medio centenar de expertos de veinte países diferentes, se abordan los riesgos de corrupción relacionados con las cuestiones climáticas, así como la gobernabilidad climática en los ámbitos internacional, estatal y empresarial. La conclusión es que este sistema esta diversificado y fragmentado, y no existe conexión. En otras palabras, no es fácil de controlar ni de gestionar y, sobre todo, no hay a quien rendir cuentas.
El informe ha analizado diversos aspectos como la explotación y gestión forestal, las energías alternativas, las emisiones contaminantes, las infraestructuras contra los desastres climáticos, la explotación de los recursos naturales, etc.
Según Antonio Garrigues Walker, de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, la corrupción se está generalizando en todos los sectores de la vida. La transparencia es clave y los ciudadanos tienen el derecho a (y el deber de) saber en todos los terrenos y todas las formas.
En lo que respecta a España, se destacan los conflictos de interés y los incentivos financieros para los recursos renovables, especialmente en el sector solar, que han generado incentivos de fraude ante la ausencia de mecanismos de control sólidos. Es decir, que las subvenciones no se han gestionado correctamente. No es, en todo caso, un problema exclusivo del sector solar. Pero, lo importante es que, en definitiva, será imposible impulsar la inversión en renovables si no hay una protección sólida por parte de la Administración.