La política ambiental de México parece querer decir aquí estoy yo con su bienvenida a la Ley General de Cambio Climático, que tendrá el difícil reto de seguir impulsando el desarrollo del país sin agravar su huella ecológica.
Ya quedó atrás la Conferencia de Cambio Climático (COP16) celebrada en Cancún por la ONU, olvidada sobre todo porque los resultados fueron paupérrimos. Pero algo parece haberse ganado ahora, dos años después, con la demostración del país anfitrión de querer avanzar en su lucha contra el pernicioso cambio climático.
Aprobada por 128 votos a favor y 10 en contra en la Cámara de los Diputados y por unanimidad en el Senado, la nueva legislación ha de atarle los machos al país en emisiones de efecto invernadero. No en vano, la economía mexicana tiene el dudoso honor de figurar la número once en la lista de los países más contaminantes del mundo en gases de efecto invernadero. Y también ocupa idéntica posición en el ranking de las economías más importantes, si bien en los próximos años se espera que avance hasta ser la quinta potencia económica a nivel mundial.
Como metas concretas, la ley se ha marcado el objetivo de evitar la deforestación, reducir las emisiones de estos gases en un tercio para el año 2020 y hacerlo hasta la mitad para mediados de siglo, tomando como base los niveles del año 2000. Además, se impulsarán las energías limpias y se incentivarán mediante ayudas estatales. Paralelamente, se irá reduciendo la dependencia de fuentes más contaminantes, proponiéndose que el 35 por ciento de la electricidad venga de energías limpias en el 2024.
El nuevo Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por su parte, supervisará que las políticas tengan presentes estos objetivos y coordinará el intercambio de emisiones a nivel nacional, así como la compra de bonos o créditos de carbono y las sanciones por incumplimientos. También se llevarán a cabo planes de prevención y emergencia que protejan a la población más vulnerable de los desastres naturales.