Asesinados en Honduras por créditos de carbono


Cuando hay dinero de por medio… Veintitrés campesinos han sido asesinados en Honduras en una región en la que se cultiva palma de aceite que son parte de programas de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). La ONU apoya estos mecanismos como forma de luchar contra el cambio climático, pero debe también controlar el proceso y defender, si fuera necesario, su buen funcionamiento.

En Bruselas, una eurodiputada del Partido Verde, Bas Eickhout, denuncia abusos contra los derechos humanos de muchos trabajadores de este tipo de plantaciones. Algunas de ellas son origen de productos que luego son comercializados bajo el sistema de la Unión Europea de Comercio de Emisiones (ETS).

Los hechos ocurrieron en el Bajo Aguán, en el norte de Honduras, una zona en la que se cultivan productos agrícolas que luego sirven para producir biocombustibles. Además de los agricultores asesinados, otros han sido obligados a vender ilegalmente sus tierras a empresas que están acaparando grandes plantaciones de palma aceitera, como el Grupo Dinant.

Los asesinatos se achacan a los guardias de seguridad privada de algunas de estas empresas locales, en complicidad con policías y militares del país. En algunos casos, los agricultores fueron fusilados o desaparecieron.

Una delegación de eurodiputados pretende visitar la región entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. Paro la junta del MDL dictaminó recientemente que el proyecto había cumplido con los criterios de su mandato. Los responsables se excusan diciendo que ellos no investigan crímenes, se centran en los criterios medioambientales de los proyectos.

Si la organización que gestiona y controla los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) no es capaz de parar este pisoteo de los derechos humanos, los créditos de carbono de las plantaciones se convierten en una estafa y en un modo fácil y cómodo para las empresas de seguir esquilmando los recursos del planeta. Las inversiones en energía limpia tienen que ser, no sólo un beneficio para el medio ambiente, sino también socialmente responsables y beneficiosas.

El propio Gobierno de Honduras está poniendo a disposición de estas grandes empresas 1.200 oficiales de policía y personal militar en las regiones más conflictivas.

La organización Vía Campesina insta a enviar cartas al Gobierno de Honduras para que pongan fin a esta situación y reconozca el derecho que tienen miles de familias campesinas, que luchan por una Reforma Agraria Integral, a dedicarse a la producción de alimentos y salir de la pobreza.

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